Nuevamente renovación

El PJ cordobés antes las elecciones de 2017

Por Juan Manuel Reynares |

 

Hace 19 años que el peronismo gobierna la provincia a la cabeza de una alianza, Unión por Córdoba, convertida en una etiqueta electoral de amplio rédito ¿Por dónde pasa la renovación?

 

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Las elecciones legislativas de medio término en sistemas presidencialistas como el nuestro suelen actuar como un plebiscito de la gestión nacional en curso. Los números que arrojen los comicios darán lugar a las más variadas interpretaciones sobre el mayor o menor apoyo que coseche Cambiemos y qué márgenes tendrá para implementar su política de ajuste en la disputa que ya se ve venir en 2019. Pero no es el único dato que nos dejará octubre. Al definir representantes por cada distrito, esta votación se desarrolla con dinámicas propias en cada provincia, poniendo en juego la múltiple y compleja trama de historias, conveniencias, lealtades y jerarquías que se tejen allí. Todo ello matizado parcialmente por las relaciones que el partido gobernante decide, y es capaz de, establecer tanto con sus aliados como con sus opositores locales.

Las legislativas muestran el estado en que cada fuerza partidaria se encuentra a mitad del camino que separa los comicios generales. Por eso merece la pena detenerse en lo que está pasando durante estos meses en el peronismo cordobés. Y para eso, la vista debe alejarse hasta el momento en que comenzó a estructurarse como lo conocemos hoy, para luego volver a la antesala de estas elecciones  de 2017.

Hace 19 años que el peronismo gobierna la provincia a la cabeza de una alianza, Unión por Córdoba, convertida en una etiqueta electoral de amplio rédito y que cobija dirigentes partidarios, empresarios y técnicos de un amplio abanico de la derecha local, como el demócrata cristiano Juan Brugge en Cámara de Diputados, Osvaldo Giordano de la Fundación Mediterránea en el Ministerio de Finanzas o, en su momento, el ucedeísta de origen Javier Pretto, hoy presidente del PRO en Córdoba.

En esos 19 años, el dominio partidario de José Manuel De la Sota se complementó con el de Juan Schiaretti en una relación cada vez más horizontal en la que la conveniencia no anula algunas de sus diferencias. El peronismo cordobés vuelve a presentar candidatos, con un liderazgo bifronte y una tropa alineada, contextualizando su presente en el panorama más amplio de la historia contemporánea de este actor político.

 

De la Sota elige, Schiaretti se acomoda

El 4 de abril de 1987, De la Sota asumía la presidencia del Consejo Provincial del Partido Justicialista. Eran tiempos de una renovación que pretendía desprenderse de los “mariscales de la derrota”, aquellos que habían echado a perder el axioma argentino vigente hasta 1983 de que en elecciones libres ganaba el peronismo. Antes de ganar las internas de marzo de 1987 por más del 80 por ciento, De la Sota se había presentado a las elecciones para la Convención Constituyente de ese mismo año por fuera del PJ, en alianza con la Democracia Cristiana, y le había ganado a la dirigencia peronista que encabezaba un ya viejo Raúl Bercovich Rodríguez.

En pocos meses, el PJ cordobés pasó de ser un bastión contra la dependencia y el imperialismo ‒como puede observarse en las actas de aquella Convención Constituyente‒ a convocar como candidato extrapartidario con grandes esperanzas de ingresar al Congreso, nada menos que el tercer lugar de la lista, a un joven economista llamado Domingo Cavallo.

Desde su inicio la estrategia delasotista pretendió consolidar su posición apelando a la convocatoria de extrapartidarios. Fue un adelantado a la moda impuesta en los años ‘90. Los gestos de apertura que tuvo a lo largo de su larga trayectoria como opositor siempre apuntaron en un mismo sentido, abriendo una curva que alcanza su punto más alto en la construcción de Unión por Córdoba (UpC) en 1998. A lo largo de esa parábola, el PJ pasó de ser considerado un partido-movimiento a convertirse una plataforma para la llegada de intachables miembros de la sociedad civil que aparecían como la solución mágica de los problemas del Estado, siempre elefantiásico y único culpable de la situación crítica de nuestra provincia y del país.

Un antecedente claro fue la Unión de Fuerzas Sociales que en 1991 llevó a De la Sota como candidato a gobernador y a Carlos Briganti, un dirigente ruralista de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) como vice. En esa ocasión, el primer lugar de las candidaturas para la Cámara de Diputados nacionales fue para el empresario Juan Carlos Crostelli, del Grupo Minetti.

Esta estrategia, surgida al calor de una convicción ideológica más que de un cálculo electoral, no le hizo fácil la vida partidaria a De la Sota. Las derrotas en las elecciones para gobernador de 1987 y 1991 frente a Eduardo Angeloz y la presencia nada cómoda de Carlos Menem ‒bajo las figuras de Julio Aráoz, Leonor Alarcia y una intervención partidaria‒ lo pusieron en aprietos. La incorporación de Schiaretti en los equipos de Cavallo y su desembarco en la provincia en los primeros años ‘90 tampoco ayudaron.

En 1993, en unas internas con denuncias cruzadas de fraude, Schiaretti ganó con una leve ventaja sobre Aráoz y De la Sota ‒ habían sacado alrededor de 30 puntos cada uno‒ y fue el primer candidato a diputado nacional del PJ. Pero De la Sota sacó chapa de jugador dentro de un PJ mediterráneo tironeado desde varias puntas, volvió a la presidencia del Consejo Provincial en 1997 y para mediados del año siguiente tenía todo listo para otra alianza con actores locales de derecha, que esta vez se llamaría Unión por Córdoba.

Para que UpC naciera después de una década de una soterrada oposición interna, De la Sota acordó con Menem la aprobación de la re-reelección y la incorporación de Germán Kammerath en la fórmula como prenda de paz, a cambio de recursos de campaña y espaldarazo oficial. Al mismo tiempo De la Sota debió imponerse sobre varios dirigentes de peso  como el riocuartense Humberto Roggero y el mismo Schiaretti. En septiembre de 1998 el candidato de UpC a la intendencia de Córdoba surgió de una interna que enfrentó a Kammerath, Schiaretti y Luis Juez. La victoria del primero ‒cara visible de la Ucedé y exfuncionario menemista respaldado por De la Sota‒ obligó a sus contrincantes a acompañar a UpC, con perfiles propios y por tiempos dispares.

A diferencia de Luis Juez, fiscal anticorrupción durante algunos meses y posterior archirrival de De la Sota, Schiaretti no sostuvo un perfil opositor por mucho tiempo. La definición de los equipos de trabajo de UpC apenas alcanzado el gobierno de la provincia en julio de 1999 combinó, por un lado, un reparto de responsabilidades centrado en De la Sota y con funcionarios de segundo orden de perfil profesional no partidario (especialmente en lo referido a las finanzas, como José Las Heras, Angel Elettore o más tarde Giordano), y por el otro, la cesión de lugares para dirigentes de largo aliento en el PJ local. Schiaretti ocupó el Ministerio de Producción y a partir de febrero de 2002 el de Finanzas.

Así se construyó la estructura del PJ cordobés que hoy gobierna la provincia: a partir de una victoria delasotista en alianza con sectores empresariales y partidos liberales que no desdeñó el apoyo de antiguos competidores. Siendo vicegobernador en 2003 y gobernador entre 2007 y 2011, Schiaretti se erigió en el segundo dirigente en la coalición dominante del PJ dentro de UpC. Este PJ define por estos días su lista de candidatos para las legislativas de octubre ante un escenario electoral novedoso por el avance del PRO y su alianza con la UCR. En ese contexto, la decisión de De la Sota de no ser el candidato del peronismo cordobés ‒sosteniendo explícitamente que prefiere reservarse para ir por la presidencia en 2019 y que, de paso, en estos comicios se fogueen dirigentes jóvenes en el PJ local‒ ha trastocado el esquema de posibilidades electorales del partido y pone en evidencia dos cuestiones centrales para la vida política cordobesa: por un lado, que cualquier transformación del PJ pasará por la todavía fuerte coalición dominante entre De la Sota y Schiaretti; y por el otro, la facilidad con que el PJ cordobés le acomoda la mesa al gobierno nacional.

 

Esperando la carroza

A pesar de que los partidos ya no son lo que eran, es importante detenerse a pensar lo que sucede con el PJ cordobés en el doble nivel que le supone ser un partido de gobierno hace ya casi 20 años. Tratar de entender lo que pasa con el partido predominante de la provincia requiere poner un ojo en el gobierno -tanto al nivel del poder ejecutivo como al de la Unicameral- y el otro en la interna partidaria. Pero como siempre se vuelve borroso cuando se multiplican los focos de atención, es mejor notar que las diferencias internas suelen definirse a través de la gestión. Quizás los contrastes en las políticas de memoria y derechos humanos que han tenido un gobernador y otro puedan demostrar una de esas distancias. Mientras De la Sota tiene un vidrioso pasado durante la dictadura y no ha perdido ocasión para desmerecer el lugar de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, además de reducir sustancialmente los recursos para estas áreas de gestión en la provincia; Schiaretti ha reivindicado el proceso de juzgamiento a genocidas y estuvo en primera fila en la lectura de la sentencia de la Megacausa La Perla.

No obstante, esas diferencias son las menos. Por sólo mencionar un aspecto, a lo largo de sus trayectorias dirigenciales ambos han defendido una visión neoliberal sobre la relación entre política y economía, que no supone una reducción del Estado sino su transformación bajo los únicos parámetros de la eficiencia, subsumirlo bajo una lógica empresarial en expansión. En este caso, Schiaretti es un animal político mucho más complejo: atravesado por los ‘70, pero también por las ideas económicas que explotaron en los ‘80, la década de su experiencia como directivo de Fiat Brasil y su contacto nada fugaz con la Fundación Mediterránea y Cavallo. Se podría incluso extremar el argumento y sostener que la condición de posibilidad de este equilibrio interno del PJ es la común identificación de sus principales líderes con un vocabulario neoliberal que no sufrió ningún cuestionamiento de peso desde su constitución, allá por los ‘80, y tampoco más acá, en aquella primera gobernación que sobrevivió a la crisis de 2001.

El tema es cómo funciona esa coalición entre De la Sota y Schiaretti frente a las legislativas de octubre. El paso al costado de De la Sota ‒luego de meses de conjetura de que ocuparía el primer lugar de la lista‒ y la convocatoria a una “renovación” de dirigentes abren un espacio para el análisis del futuro del PJ local. Ante eso, resulta imprescindible conocer al resto de sus jugadores, especialmente los intendentes peronistas (o los jefes políticos municipales, como Martín Llaryora en San Francisco).

Si la política partidaria de cualquier color necesita los recursos del Estado en sus diversos niveles, aquellos que controlan las nada despreciables cajas municipales suelen acercar al resto de los nombres en danza para negociar puntos de apoyo dentro del partido. Todo esto pone en evidencia la importancia de estudios sobre la política local reciente que articulen sus dimensiones estratégica, institucional e ideológica. En este caso, lo que parece emerger es un escenario de recambio dirigencial “por el centro”: para alcanzar el vértice del peronismo local no es necesaria, ni posible, una gran transformación o discutir el liderazgo del PJ a pesar de la edad de De la Sota y Schiaretti.

Como sostiene el politólogo italiano Angelo Panebianco, en casos como éste, donde la coalición dominante aparece cohesionada, los canales de comunicación no hacen mucho ruido y los vínculos con los actores externos son prerrogativa de los líderes, la renovación del PJ parece que sólo podrá venir del interior de la organización partidaria. Una renovación del PJ bajo estas características supone acercarse a los líderes ya establecidos, ocupar cargos de confianza, y luego acceder a la magistratura asegurando una continuidad de nombres -no sólo de los funcionarios sino esquemas de trabajo con años de antigüedad que se cuentan por miles de empleados- y, no menos importante, de ideas.

Lo que quiere plantearse como una “renovación natural” de viejos por jóvenes, marcada por la inexorabilidad de la vida, es en realidad un recambio de dirigentes desde el centro del partido, porque los jefes políticos siguen controlando los recursos del PJ y, sobre todas las cosas, han persuadido al resto de los compañeros que nadie por ahora podrá controlarlos mejor.

Esta limitada renovación etaria no sólo expone algunos rasgos de la dinámica organizacional del PJ. Muestra además algunos aspectos de la política actual en referencia al sistema de partidos local y a su dimensión ideológica. En primer lugar, es necesario recordar que las ansias renovadoras del PJ cordobés aparecen en el medio de una muy clara connivencia estratégica del partido gobernante provincial con el nacional, el principal interesado en preservar su caudal electoral de 2015, teniendo en cuenta las dificultades que avizoran sus jefes en el resto de los distritos centrales del país. Allí radica la posibilidad, a medias vox populi en Córdoba, de un acuerdo entre De la Sota, Schiaretti y Macri para “retirar” a De la Sota, el candidato que más sombra le hacía a la coalición Cambiemos en Córdoba. Es por el espaldarazo de esa dirigencia, casi mimetizada con la figura presidencial del PRO, por el que disputan la interna los “jóvenes” peronistas.

Esto nos lleva a apuntar una última nota. La renovación por el centro a la que apuestan los dirigentes del PJ, tanto los que se empiezan a ir como los que están llegando, es sintomática de una ausencia de discusión respecto de los esquemas de sentido más amplios en que se inserta la acción del Estado, sus formas de intervención y los lugares que cada sector de la sociedad ocupa en la toma de decisiones. Así, a lo largo de la pretendida renovación con que se caracteriza la primera candidatura del hoy vicegobernador Llaryora ‒junto con el tercer lugar del casi desconocido presidente de la Agencia Joven Paulo Cassinerio, y el cuarto puesto para el legislador provincial Daniel Passerini‒ no se pone en juego el modo en que el peronismo cordobés ha construido el grueso de su proyecto político. Allí, la seguridad es cosa de policías; la economía, cosa de empresarios -no de trabajadores- ; la decisión pública, asunto de expertos.

Esta falta de debate acompaña una retracción democrática de la que es ejemplo lo que viene sucediendo con la discusión sobre la legislación del bosque nativo [1] donde se desincentiva la participación ciudadana y se privilegian intereses concentrados. Sólo parece existir el mecanismo del voto cada par de años, y en esas ocasiones las campañas llevan al extremo los dictados del marketing electoral: la inclusión de alguna estrella local en la lista o en las publicidades, y una propuesta de mucho impacto mediático, un blockbuster electoral como el Plan Primer Paso en su momento, o el Boleto Gratuito en los últimos años [2]. Esta hipótesis no es cosa de extremos: todo partido usa encuestas y otras técnicas de los estudios de la opinión; todo gobierno consulta expertos y conversa con empresarios. El tema es hasta dónde se reduce el gobierno y la política a la gestión de expertos mientras se desactivan iniciativas de organización y movilización populares.

Así, en el silencio acomodaticio de los que pretenden simplemente heredar la enorme estructura partidaria del PJ, se observa un escenario de consolidación de un modo empresarial de pensar y hacer política que aleja cada vez más al peronismo local de su tradición nacional y popular.

 

[1] (http://agencia.farco.org.ar/noticias/reforma-de-la-ley-de-bosques-hay-una-tergiversacion-de-lo-que-es-la-participacion-ciudadana/)

[2] (https://www.youtube.com/watch?v=S6QzbFWoxMY;  https://www.youtube.com/watch?v=Ttzj-5HC-0M)

 

 

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